Me dirijo a la sociedad en general y a los profesionales en particular para manifestar mi
parecer luego de estudiar junto a otros colegas, la problemática sanitaria y las políticas
implementadas para superarla, desde el inicio de la declaración de esta “pandemia COVID-19”.

No es necesario ser un experto para reconocer que esas políticas tuvieron deplorables
resultados, y que jamás se cuestionaron ni se convocó a otros científicos para mejorarlas.
Tampoco se respondió a los interrogantes planteados por numerosos profesionales tanto en
el país como en el extranjero, que analizan esta problemática sanitaria con diferente criterio.
Incluso han censurado, perseguido y amenazado desde varios medios, incluido el Consejo
Federal de Entidades Médicas Colegiadas a quienes manifestamos otras visiones desde el
punto de vista científico.

No se han investigado e incluso se han prohibido otras terapias, que evidenciaron su
efectividad. Persistiendo en protocolos que no encaran la fisiopatología de este síndrome
COVID19 de manera adecuada.

Se han impuesto confinamientos a personas sanas conculcando (quebrantar la ley) sus derechos y libertades, lo
que no tiene precedente incluso en pandemias de mucha mayor intensidad.
Se dispone el uso obligatorio de tapabocas que sólo deberían estar indicados en
determinadas circunstancias. Se conoce el perjuicio de su uso irracional y anticientífico.

Se utiliza una prueba (PCR) como determinante del diagnóstico de enfermedad,
cuando sólo es una prueba de detección genética. Que no tiene valor si no hay
síntomas de enfermedad. Cuyos resultados incrementan artificialmente el número de
enfermos y de muertes que se le atribuyen. Para colmo no se permite realizar autopsias, que
podrían revelar las características y causalidades del proceso mórbido.

Se insiste por otro lado con aplicar una falsa vacuna contra un virus que no ha sido aislado,
cultivado ni secuenciado de ningún enfermo o fallecido con diagnóstico de COVID 19.

La cual no debería aplicarse sin el consentimiento libre e informado, y no debería comercializarse
por estar en etapa experimental. De manera que el costo lo pagan los voluntarios que se
exponen a ella, a través del Estado.

Como es convencional en todas las experimentaciones
los laboratorios deberían asumir sus propios costos, hasta demostrar su efectividad y
seguridad.

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que estas políticas no tienen como finalidad preservar
la salud ni la economía de la población Argentina.

Y por lo tanto deberían dar explicaciones
de cuál es el objetivo real de todo esto y quién o quiénes lo han decidido.